La Corte Suprema de Justicia condenó a 12 años de cárcel a la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez, del Centro Democrático, quien según las investigaciones exigía a su Unidad de Trabajo Legislativita (UTL) un porcentaje de sus salarios.

A la exrepresentante a la Cámara 2014-2018 se le atribuye el delito de concusión en la modalidad continuada en concurso homogéneo.

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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte le impuso, además de la privación de su libertad, una multa de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 9 años y 8 meses.  

Asimismo, la Corte Suprema le negó la posibilidad de suspender la ejecución de la pena y el beneficio de prisión domiciliaria.

“Se librará la orden de captura una vez adquiera firmeza la sentencia, a fin de que cumpla la pena que le fue impuesta, en el establecimiento que señale el Inpec”, señaló el alto tribunal en un comunicado de prensa.

Por otra parte, la Corte ordenó el pago de los perjuicios ocasionados a las víctimas Luisa Fernanda Puerto Vela, Nelsy Tirado Chacón, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.

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La excongresista Cabello, de acuerdo con la investigación, solicitó en forma mensual a las integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de su salario, para lo cual “se valió de la participación de tres de sus colaboradores”.

“Cuando solicitó directamente o por interpuesta persona a cinco de sus colaboradoras que le entregaran parte de su salario como condición para su permanencia en la Unidad de Trabajo Legislativo, lo hizo en pleno uso de sus facultades mentales y consciente de la prohibición de su comportamiento”, se lee en la sentencia.

Y añade que con el fin de obtener beneficios abusó de la función pública y ocasionó un grave daño a la administración pública “pues minó profundamente la confianza de la comunidad en el Congreso de la República, institución considerada como un baluarte de la democracia”.

En la decisión, de acuerdo con la Corte Suprema, se compulsaron copias a la Fiscalía para que se investigue a la excongresista por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, concusión y amenaza.